Así lo ponía de manifiesto el gerente del CERMI en la región, José Antonio Romero, quien recordaba que el 10% de los alumnos de toda la región -dato que se repite en la provincia- tiene algún tipo de discapacidad. Cifraba Romero en unos 8.500 los alumnos castellano-manchegos matriculados este curso en algún nivel educativo y que tienen reconocido algún grado de discapacidad. Desde CERMI explicaban que no solamente “temen” que la Lomce pueda suponer la discriminación de algunos alumnos con discapacidad, ya que denuncian que los “recortes” como consecuencia de la crisis económica han hecho que en los últimos seis años “se haya visto afectada en gran medida la dotación de recursos en muchos centros no solamente de Albacete, de toda la región, para atender a este colectivo”. 

 

De este modo, según informa La Tribuna de Albacete, el gerente de la organización advertía que “los ajustes de plantilla, menos profesorado de apoyo y ratios con más alumnos en las aulas no favorecen la inclusión en las clases con un normal desarrollo”. 

 

 

Por ello, pedía “una dotación suficiente” a este respecto porque entiende que la educación “no puede estar supeditada a la situación económica, debe estar garantizada en su mejor grado”. Aludía a algunos problemas puntuales en la región con el transporte escolar, especialmente en zonas rurales, aunque reconocía que a medida que se iban poniendo en conocimiento de la Consejería de Educación habían podido ir quedando resueltos en líneas generales. 

 

Romero destacaba que el profesorado de apoyo “es fundamental” y pedía más recursos en este sentido para atender a los alumnos con algún tipo de discapacidad. Abogaba por la plena integración de este colectivo en las aulas de todos los centros. Así, incidía en que “la educación debe prestarse en el entorno más normalizado posible para el alumno, nosotros entendemos que la excepcionalidad debe ser la Educación Especial”. 

 

Por eso, recordaba el gerente de CERMI en la región el deseo del colectivo al que representa de que “en el horizonte 2020 tiendan a desaparecer los centros de Educación Especial y se dote presupuestaria y normativamente los recursos suficientes para garantizar la inclusión de todos los alumnos en el sistema educativo ordinario”. Hacía referencia a que, en la actualidad, el 20% del alumnado con alguna discapacidad está en centros de educación especial. Detallaba también José Antonio Romero que para la integración normalizada de los alumnos resulta también “fundamental” el papel de la familia, “que tenga una participación activa en el proceso educativo de sus hijos”.